El financiamiento de los partidos políticos es uno de los grandes temas del debate político actual. En Venezuela, la constitución prohíbe expresamente cualquier forma de financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual, como demuestra la investigación en la que se basa este artículo, genera rechazos entre los dirigentes partidarios. Pero el problema no es el origen público o privado de los fondos, sino los mecanismos de control que se apliquen. El tema adquiere especial relevancia en un momento como el actual, marcado por el debate en torno de una nueva reforma constitucional y la decisión de Hugo Chávez de unificar en una sola fuerza a todos los partidos y grupos políticos que lo apoyan.