Desde el año 2003 al 2005, los poderes públicos Legislativo, Judicial y Ejecutivo, concertaron una serie de acciones vinculadas a la construcción de una política pública para Ia reforma judicial, contenida en la propuesta Justicia para Todos: Consolidación Institucional del Sistema Judicial, como parte del proceso de construcción de una política de acceso a la justicia, que intentaba “constituir un esfuerzo que abre el desafió a los poderes públicos, a la sociedad civil y a la cooperación internacional para sumarse a una tarea extraordinaria y urgente necesidad para los bolivianos: Justicia para Todos".