La transformación de la sociedad, del Estado y del sistema económico y político es inevitable y, en buena medida, ya se ha producido. Los frutos de las reformas estructurales son ambivalentes. Han permitido el control de las principales variables económicas y han iniciado la mutación de la estructura del Estado y de sus relaciones con la sociedad. Pero han agravado los problemas de desigualdad y acentuado el riesgo de fragmentación social y de pérdida de competitividad y eficiencia. A diferencia de los del pasado, estos problemas son consecuencia de la ausencia de Estado. De allí la necesidad de reconstruir el Estado, en torno a las funciones básicas de redistribución, regulación y negociación en representación del interés nacional, para encarar los desafíos del tiempo que vendrá. La reconstrucción no será posible ni útil si no comienza con la reforma y legitimación social del sistema político.