A partir de la Constitución de tipo corporativista de 1979, y bajo la inspiración de partidos como el APRA y los de la izquierda, se consideró la regionalización como el mejor mecanismo para quebrar el centralismo limeño; en dicho contexto, las comunidades campesinas podían ser parte de la Asamblea Regional. En cambio según la Constitución liberal de 1993, se plantea la regionalización como un proceso a iniciarse desde los propios pueblos y no desde el Estado. En tal sentido, se concibe a las comunidades campesinas como instituciones correspondientes a la sociedad civil, imposibilitadas de formar parte de la estructura del Estado y, en consecuencia, disfuncionales al proceso de regionalización en curso.