La configuración normativa del referéndum abrogatorio se ha ido definiendo progresivamente en distintas etapas temporales, en el curso de las cuales los partidos políticos y el Tribunal Constitucional —a través de su jurisprudencia sobre la admisibilidad de las peticiones de referéndum— han seguido una misma línea, sintetizable en la voluntad de intervenir selectivamente sobre la forma de llevar a la práctica las distintas manifestaciones de la democracia directa. Todos ellos coinciden en identificar al referéndum como un instrumento ajeno a un sistema que se define, por una parte, mediante la forma de gobierno parlamentaria y, por otra, a partir del reconocimiento del papel central que desempeñan los partidos políticos como engranaje entre la soberanía popular y la democracia representativa.