No se trata en estas líneas, centradas en la iniciativa legislativa popular, de realizar consideraciones acerca de si la institución ha quedado convenientemente devaluada por las restricciones materiales a que se ve sometida o su éxito se torna en exceso penoso por el número de firmas que han de avalarla. En este sentido, ambas exigencias, son un auténtico «clásico» entre nuestra doctrina que, desde antiguo, viene criticando su existencia que se encuentra, no solo a escala nacional (bien es cierto que en buena medida por imperativo constitucional), sino que se reproduce con los correspondientes matices en los ordenamientos de las Comunidades Autónomas.