La política antidroga en Bolivia tiene una historia fuertemente marcada por dos fuentes de tensión. En una predomina la presión internacional, liderada por el gobierno de los Estados Unidos. En la otra, el conflicto interno, especialmente entre el gobierno y los sindicatos campesinos del Chapare. La política gubernamental que emerge de esas dos fuentes de tensión pretende reducir la oferta de cocaína mediante la disminución de los volúmenes de producción de hoja de coca a través de la erradicación (voluntaria y forzosa) y sustitución de los cultivos. Adicionalmente, se realizan algunos esfuerzos adicionales en los campos de la interdicción y, en mucha menos intensidad, en la prevención del consumo.
En enfoque general de la política antidrogas responde a los criterios elaborados en las agencias del gobierno de los Estados Unidos, que en Bolivia concentra el esfuerzo antidrogas en los niveles de producción y comercialización de la hoja de coca más que en las fases superiores de transformación y transporte de productos ilegales.