Había sólo dos hojas de votación en el cuarto secreto. Una, de color verde, era para dejar sin efecto la llamada «Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado»; la otra, amarilla, era para confirmarla. Esa ley - cuyo complicado nombre parece querer disimular su contenido - había sido aprobada por el Parlamento uruguayo el 22 de diciembre de 1986, bajo presión militar, y es en virtud de sus disposiciones que los militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (junio de 1973 a febrero de 1985) se vieron eximidos de someterse a la justicia penal ordinaria.