Se supone que la ley debería funcionar como el gran igualador, dado que ricos y pobres por igual son supuestamente libres para defender sus derechos en los tribunales y así obtener "igual justicia bajo la ley". La capacidad de los que tienen menores recursos para utilizar los tribunales ha sido también utilizada como medida clave del nivel de consolidación de una democracia responsable (accountable). El acceso a la justicia también es crítico para personas de negocios de tamaño mediano y pequeño que intentan hacer cumplir contratos, establecer responsabilidades por actos ilegales, defender derechos de propiedad intelectual o defender derechos constitucionales básicos. El significado del "acceso a la justicia" también debe ser reconsiderado a la luz de la globalización y la desregulación de las economías de América latina. Su experiencia reciente con el cambio económico, al moverse de un modelo dirigido por el Estado a otro de libre mercado.