Aunque reinstalada la democracia - y en cierta medida ya consolidada -, la violencia institucional sigue siendo un problema grave dentro de la sociedad argentina. Así podemos verificar hoy cómo la represión indiscriminada, el accionar ilegal de los cuerpos de seguridad y el abuso en la aplicación de la coacción por la fuerza de las distintas agencias legitimadas para hacerlo, recuperan antiguos bríos y costumbres ya archivadas que se habían instalado en la comunidad durante el último gobierno de facto. En este contexto, buscar explicaciones coyunturales que justifiquen la presencia de este tipo de prácticas en un pasado autoritario o en el accionar específico de alguna institución en particular, parece ser, a la vez, una ingenuidad y una forma de consolidar estos mecanismos de represión. Por el contrario, determinadas manifestaciones espontáneas que pueden recogerse en los más diversos ámbitos de la comunidad, vienen a confirmar que la violencia institucional es una práctica con un alto grado de consenso social y un elevado nivel de funcionalidad a un sistema de persecución penal que de otro modo no podría operar como hoy lo hace.