La «zona liberada» constituye un complejo patrón de comportamiento estatal. Aunque suele asociarse a fuerzas policiales corruptas, no es una creación policial, sino un mecanismo informal de gobierno fundamentalmente político. Se trata de espacios sociales en los que las autoridades políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de recursos materiales o inmateriales. En estos espacios «liberados» del Estado de derecho, las autoridades construyen una nueva relación de poder que está al servicio de la resolución de problemas políticos, económicos o sociales.