La mujer latinoamericana, por razones de la crisis económica que atraviesa el continente, y por su condición de dependencia y subordinación frente al hombre, se ve obligada a incluir dentro de su margen de adaptaciones que desarrolla para sobrevivir, la de ofrecer su fuerza de trabajo en una actividad considerada criminal, como es el negocio de las drogas. La necesidad económica, que para la mujer es mayor que para el hombre en momentos de crisis y desempleo, le ofrecerá mayores oportunidades para el trabajo ilegal que para el legal. En este caso, sin embargo, también va a ser discriminada. Su participación va a estar limitada a papeles secundarios y, en muchas ocasiones, de mayor riesgo, como por ejemplo ocuparse de "los oficios del hogar" en una casa donde se prepara, almacena o vende la mercancía. Estas afirmaciones surgen de un estudio descriptivo-exploratorio de 181 expedientes de mujeres detenidas por drogas en Venezuela, de los cuales se pudieron obtener datos relacionados con los aspectos socio-económicos de la criminalidad y de los procesos de criminalización de las mismas.