El texto desnuda la compleja y polémica relación entre la Ley de Participación Popular y las necesidades del proceso de democratización étnica. Por una parte, lo que desde el nacimiento de la Ley se veía como innegables avances en relación a los pueblos indígenas, su reconocimiento jurídico, la otorgación de personerías jurídicas y la articulación a sus gobiernos municipales —en especial, su derecho a participar en la planificación del desarrollo municipal y a beneficiarse de los recursos de coparticipación tributaria—. Por otra, lo que también preocupaba desde su nacimiento: la persistencia de las contradicciones entre jurisdicciones y formas de organización y gestión territorial indígenas, y jurisdicciones y formas de organización y gestión territorial municipales; los peligros de división de las organizaciones indígenas como resultado del "jaloneo" de intereses partidarios divergentes —posibilitado por la dependencia política de la participación indígena en el marco municipal—; las contradicciones y tensiones entre la lógica de las sociedades orales y de consenso y la lógica estatal de la escritura; en suma, la ausencia de un tratamiento consistente de la cuestión de la articulación entre pueblos indígenas y Estado.