Era jueves por la tarde, el 13 de febrero. A cinco cuadras de la Plaza Murillo, donde se encuentra el centro del poder constituido, gritos de desesperación e indignación se escuchaban en el puente de San Francisco porque los disparos de los militares apostados en la calle Comercio habían dejado inmóvil el cuerpo de un trabajador que recogía sus herramientas en la azotea del edificio de AGFA. Nadie podía subir a verificar si estaba todavía con vida; llegó una ambulancia y entraron al edifico una doctora y una enfermera de la Cruz Roja.