En el año 2007 los detenidos sin condena pudieron votar por primera vez en nuestro país en elecciones a cargos electivos nacionales. La discusión acerca de la viabilidad legal para que ello ocurriera, y el consecuente debate sobre la factibilidad técnica para llevar a cabo el proceso eleccionario, finalizaron con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ratificó el derecho al sufragio de las personas detenidas sobre las cuales no pesaba condena, y en un fallo sin precedentes exhortó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a "que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados"