El año pasado, en medio del proceso electoral mexicano que se perfilaba opaco y rutinario, irrumpió en el escenario nacional un movimiento estudiantil y juvenil que unió e impulsó parte del descontento social acumulado durante años. Días antes del 11 de mayo -fecha en la que ocurrieron los hechos que desataron las protestas-, nadie hubiera creído posible que una parte de la juventud, principalmente aquella que goza del acceso a la educación, asistiría al nacimiento de una nueva generación política. Esa irrupción inusitada adquirió una característica sumamente peculiar: fue capaz de conjuntar dos realidades sociales distintas, las de quienes disponen de condiciones económicas para acceder a la educación privada y las de quienes ejercen su inalienable derecho a la educación pública. Convergencia entre lo público y lo privado, que evidencia el profundo y creciente descontento social que permea incluso entre los diferentes niveles de la clase social dominante.