El sistema electoral tendrá una mayor oportunidad de ser reconocido como justo y legitimo si se considera que funciona de una manera incluyente. Esto no sólo significa que la legislación electoral permita que vote el mayor número de ciudadanos posible (lo que comprende un sufragio incluyente, que asegure que el sistema es fácil de entender y que todos los electores tengan garantía de acceso a los sitios de votación), sino además que los mecanismos del sistema electoral no propicien ningún tipo de discriminación contra algún grupo o minoría social